La Defensora del Pueblo de España, María Luisa Cava de Llano y Carrió, va a exigir al Ayuntamiento de Albacete que le entregue el diagnóstico de la situación acústica del municipio de Albacete y el mapa de ruidos, para, una vez recibido, poder trasladárselo a los vecinos que ya lo vienen solicitando y que se consideran víctimas de la contaminación acústica que se produce en la denominada zona de copas, que concentra más de 36 establecimientos solo en las calles Concepción y Caldereros.
Así lo confirma Manuel Ángel Aguilar Belda, adjunto a la Defensoría del Pueblo de España, en un escrito que ha remitido a todos los vecinos de las calles de la Zona y al que ha tenido acceso este diario. La carta fue enviada el pasado 28 de diciembre y es posterior a otra del día 21 del mismo mes, en la que la propia Defensora del Pueblo de España, María Luisa Cava de Llano, informa a todos los vecinos implicados que ha recibido sus quejas y que inicia «el estudio del asunto». Además les comunica que la presentación de una denuncia ante el Defensor del Pueblo «no suspende la ejecución de las resoluciones administrativa o judiciales, ni tampoco interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas si fuera procedente».
Siete días después de esta carta, los vecinos que han elevado sus reclamaciones por ante la oficina de la Defensora del Pueblo por no poder acceder al mapa del ruido que tiene elaborado el Ayuntamiento de Albacete desde hace casi un año, recibieron otra misiva, esta vez firmada por el albaceteño Manuel Ángel Aguilar, adjunto a la Oficina, quien indica que, una vez estudiada la queja, «procede admitirla al entender que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución». Indica, además, que la queja vecinal está centrada en la «falta de acceso» al diagnóstico de la situación acústica del municipio de Albacete y elaboración del mapa de ruidos, «aspecto al que por el momento se dirigen las primeras actuaciones».
Por último, la carta firmada por Manuel Aguilar confirma que la oficina de la Defensora del Pueblo de España pedirá al Ayuntamiento este diagnóstico y mapa del ruido y asegura que, tan pronto reciba el informe «que dichos organismos han de remitir», se pondrá en conocimiento de los ciudadanos afectados.
La implicación de la oficina de la Defensora del Pueblo de España en los problemas de ruidos que vienen denunciando los vecinos que viven en la zona de copas de la ciudad obedecen a las quejas que un grupo de ellos presentó hace unos meses ante esta institución. Para el asesor jurídico de la asociación Albacete contra el Ruido, Andrés López Martínez, la Defensora del Pueblo entiende que la queja vecinal es «más que razonable» y entiende que ahora el Ayuntamiento «está obligado» a enviarle el diagnóstico de la situación acústica y el mapa del ruido, a pesar de que sospecha que volverá a decir que «lo están estudiando» como viene haciendo en el último año.
La intervención de la Defensora del Pueblo de España en este asunto de la contaminación acústica en la zona de Albacete es una de las acciones que han llevado a cabo Albacete contra el Ruido y la Asociación de Afectados con domicilio en Caldereros-Concepción-Gaona-San Agustín y adyacentes, que se une a las denuncias que están presentando a título individual en los juzgados de lo Penal.
Hasta las 200 denuncias
Hasta el momento, según confirmó Andrés López Martínez, se han registrado más de una docena de denuncias contra el Ayuntamiento de Albacete, aunque ambas asociaciones esperan que se alcancen las 200, a tenor de los más de 1.200 albaceteños que dicen sentirse afectados por la contaminación acústica, la mayoría de ellos vecinos de las calles donde se concentra mayor número de establecimientos hosteleros.
El asesor jurídico de Albacete contra el Ruido indicó que con estas denuncias -todas ellas con los mismos fundamentos pero cada una con una historia personalizada-, los afectados quieren poner de manifiesto una presunta «prevaricación» por parte del Ayuntamiento. Serán los tribunales quiénes tengan que determinar si al aprobar la Ordenanza Cívica el 24 de febrero, la Corporación de entonces ya conocía el contenido del mapa del ruido que, según López Martínez, sigue diagnosticando como «muy enferma» la Zona.
Sin embargo, se decidió «eliminar» de la nueva Ordenanza Cívica la distinción de locales con actividad musical o sin ella. Concretamente, la polémica normativa incluye una disposición adicional que señala, textualmente, que los establecimientos pertenecientes a la categoría o grupos de restaurantes, cafés, bares y cafeterías que actualmente tengan licencia sin actividad musical, «podrán solicitar la modificación del nivel sonoro procedente de los equipos de música de la actividad». En este sentido, en las denuncias presentadas ante los juzgados ya consta que los responsables (del Ayuntamiento) han actuado «con dolo», pues sabían, por el mapa de ruidos, «del peligro generado por la tolerancia al maltrato acústico». Y añaden que «podrían no sorprender que estemos en presencia de la producción de una concreción del peligro, pues pueden concurrir los requisitos de la posible comisión de un delito de lesiones, en concurso ideal con el de peligro».
Medida cautelar
Ante lo que consideran la «pasividad» administrativa del Ayuntamiento por no evitar los excesos de ruido en calles como Caldereros, Concepción, Gaona o San Agustín, el abogado de los demandantes considera necesario adoptar «medidas cautelares» para que los afectados no sigan sufriendo las consecuencias del «maltrato acústico», medidas cautelares consistentes en que el Ayuntamiento se haga cargo del pago del alquiler de la vivienda de cada afectado, puesto que «para disfrutar en plenitud de sus domicilios tendrían que optar por alquilar otra casa similar en zona no saturada». En este sentido, las demandas justifican esta medida cautelar en el pago de «daños y perjuicios» mensuales derivados de la «pasividad y tolerancia por la actividad presuntamente delictiva denunciada».
Finalmente, las denuncias piden a los juzgados correspondientes que admitan el escrito y acuerden la suspensión, durante la tramitación de las diligencias previas, «de la actividad musical de los establecimientos de hostelería de la calle Caldereros y calle Concepción, a partir de las 00,00 horas hasta las 24 horas, por encima de los 75 decibelios, de los establecimientos que no dispongan de autorización o licencia expresa para actividad musical». También solicita que se proceda a la verificación y revisión de los limitadores de ruido instalados para que se registren los niveles «reales» de sonido producidos tanto por los aparatos de música como de climatización, por la sala de máquinas e, incluso, por la clientela de estos bares.
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